Los cuatro comuneros mapuche que desde hace 87 días se mantenían en huelga de hambre en Chile, en repudio a una condena dictada contra ellos el pasado marzo, anunciaron este jueves el fin de la medida tras establecer una mesa de trabajo con varios organismos del Gobierno e internacionales. La mayoría de los huelguistas se encuentra en estado de salud delicado y con desnutrición severa.
La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatríz Mitchell, informó que los mapuches decidieron suspender la medida porque establecieron una mesa de trabajo con diferentes autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el instituto de Derechos Humanos (DD.HH.) de Chile, la Iglesia y el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La periodista explicó que esta mesa tendrá como fin “reformar la Ley Antiterrorista en un marco del respeto a los DD.HH” y además “en el marco del respeto a la etnia mapuche”.
“El acuerdo se logró luego de que los mapuches mantuvieran una extensa reunión con el arzobispo de Santiago (capital), Ricardo Ezzati”, agregó Mitchell.
Al ser cuestionada sobre el estado de salud de los comuneros, la corresponsal también indicó que los cuatro huelguistas se encuentran “en muy mal estado de salud” y agregó que “ni siquiera habían podido levantarse” el día anterior.
Del mismo modo, explicó que en estos momentos los autodenominados presos políticos “van a estar hospitalizados y van a empezar alimentarlos gradualmente”, de manera que empiece su recuperación.
Por otro lado, en relación a los familiares de los comuneros, que días previos habían amenazado con sumarse a la huelga, Mitchell informó que éstos se mostraron optimistas y satisfechos con la decisión, pues, el organismo de los originarios ya está muy deteriorado.
“Ellos lo consideran un avance, sin embargo, también hay muchas dudas, porque en la huelga mapuche anterior, que duró 81 días, también se había establecido una mesa de diálogo (…) la diferencia de esta esa con la anterior es que hay organismo internacionales”, recalcó.
La mesa de trabajo para esta causa estará constituida por la presidenta del Instituto de DD.HH de Chile, Lorena Frías, el Alto Comisionado para la ONU; el Arzobispo de la pastoral Mapuche, Fernando Díaz; y el arzobispo de Santiago (capital del país), Ricardo Ezzati, que ha sido mediador en otras oportunidades.
Desde el pasado febrero, estos indígenas fueron juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kilómetros al sur de Santiago) por los delitos “de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones”.
En el juicio se les halló culpables de atentado a un fiscal chileno en 2008 a partir del cuestionable testimonio de un testigo sin rostro.
Tras conocer el fallo, los mapuche decidieron el pasado 15 de marzo retomar el ayuno que en rechazo a la aplicación de la ley Antiterrorista ya habían protagonizado en 2010 por más de 80 días.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) a finales de marzo consideró las penas de cárcel impuestas contra los cuatro comuneros mapuche como una condena política.
Contra ellos “se aplicó una ley Antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática, en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), precisamente para castigar a todos los disidentes del sistema”, sostuvo el organismo en un comunicado.
Actualmente, los comuneros fueron absueltos por la Corte de Apelaciones de Concepción (sur), los presos están pendientes del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre una demanda de nulidad del juicio.
Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
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