ALAI AMLATINA, 24/11/2010.- La reacción del gobierno frente al asilo de María del Pilar Hurtado en Panamá confirma que la tarea de Santos es recuperar la legitimidad internacional del Estado colombiano. Si es necesario, la oligarquía y el imperio sacrificarán a Uribe. Es desechable. La alianza con la mafia ya cumplió su cometido, lo cual no significa que vayan a acabar con la economía ilegal del narcotráfico.
Los EE.UU necesitan un líder del eje México-Colombia-Perú-Chile como parte de la política de contención de los procesos de cambio que avanzan en América Latina. “La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico” - médula de la estrategia gringa -, les exige un mínimo de legalidad institucional. Coincide con los sueños de Santos quien ha sido el principal opositor de la revolución bolivariana. A pesar de los acercamientos con Chávez, Colombia está destinada a ser herramienta del imperio para legitimar su intervención armada en el continente. La crisis económica mundial y el agotamiento de los recursos energéticos los obliga a provocar nuevas guerras y enfrentamientos (caso de las Coreas).
La legitimidad institucional neo-granadina fue afectada por los desafueros delictivos cometidos por la coalición mafiosa de Uribe. Las clases dominantes y amplios sectores de la sociedad colombiana fueron sus cómplices, convencidos de que “todo vale” en la lucha contra la insurgencia. Ahora, tratan de enmendar la plana sin pagar costos políticos. La actitud de las fuerzas democráticas será determinante para evitar que lo consigan.
La ex-directora del DAS sólo es otra víctima de esa estrategia criminal. Fue involucrada, usada y ahora extraditada “en forma sutil”, como pasó con los jefes narco-paramilitares. En esa tarea se cuidan las espaldas. Uribe debe mostrar solidaridad con sus mandaderos más íntimos y el gobierno mantener las maneras diplomáticas. “Su Estado” está por encima de cualquier interés personal o sectorial. Les preocupa que las pruebas que incriminan al “capo de capos” comprometan a los grandes beneficiarios empresariales de esa alianza mafiosa.
El mensaje para Uribe es “Hagámonos pasito”. Echarán más perros flacos a las fieras cuidando que la sangre no salpique a los supremos. Lo principal es re-legitimar la “democracia” colombiana. Para cuidarse en salud, destapan la corrupción acumulada en los últimos 8 años, más para mermar la credibilidad de Uribe que por pruritos morales. Si éste se encapricha en salvar a sus compinches con cinismo lo traicionarán. “Era un buen patriota pero se extralimitó” será la frase de cajón. Así paga el diablo a quien bien le sirve.
La ley de reparación de víctimas, la calculada restitución de tierras “apropiadas ilegalmente por los narcotraficantes”, la defensa de los DD.HH., el respeto por la independencia de los poderes instituidos, y la apariencia de lucha contra la corrupción, son las cartas que complementan esa acción re-legitimadora. Es la fórmula para presentar adentro y afuera. Es la receta del “Buen Gobierno” que hace rato fue sazonada por los asesores de Santos.
El dilema para las fuerzas democráticas no está resuelto. Quienes creen que Uribe es todavía el enemigo principal, inconscientemente le dan la mano a la oligarquía. Le ayudan a ocultar su participación en el concierto mafioso. Le acicalan la “careta humanitaria” que usa para doblar impunemente la negra página del “holocausto colombiano”. Y de paso, crean condiciones internacionales para canalizar inversión extranjera, aprobar los TLCs, y posicionar su nuevo liderazgo latinoamericano.
No olvidemos que Santos fue el principal ministro de Uribe. Nuestra tarea debe ser mostrar y demostrar la inconveniencia de su política continuista que favorece a las elites capitalistas y empobrece a las mayorías nacionales. La utilización de la economía del narcotráfico y del conflicto armado colombiano como herramienta de intervención territorial, es uno de los temas a colocar en la agenda de Colombia y de América Latina.
Las fuerzas democráticas no pueden seguir a la cola de las propuestas legislativas del santismo-uribista. Deben impulsar su propia dinámica. Uribe debe ser castigado pero no como un chivo expiatorio sino como representante de una política de Estado. La falsa expiación de culpa que está montando la oligarquía criminal debe ser desenmascarada ante el pueblo colombiano y ante el mundo. Sólo así crearemos condiciones para abrir una puerta hacia la verdadera reconciliación, la paz y el progreso basados en la justicia social.
La señora Hurtado sabe mucho. Fue amenazada y a la vez, “ayudada” por Uribe. Está muerta de miedo. Hay que exigir su extradición. El inevitable sacrificio de Uribe permitirá desentrañar el ovillo de la alianza criminal imperio-oligarquía-mafia. Lo principal es no perdernos en ese enredo. Hay que mirar el conjunto del asunto y tener paciencia. Nada más.
Popayán, 24 de noviembre de 2010
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