miércoles, 17 de noviembre de 2010

Organizaciones de derechos humanos lamentan la “impunidad” en un caso de jesuitas


Por: MGInforma

Defensores de derechos humanos en El Salvador lamentaron hoy la impunidad que prevalece en el caso de cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño asesinados hace 21 años por militares, y demandaron se derogue la ley de amnistía aprobada en 1993.

“El caso está totalmente en la impunidad (…) Aquí la institución que ha fallado es la Fiscalía General de la República, porque la investigación del delito le corresponde”, dijo el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna.

Agregó que el Gobierno debe promover “la derogatoria de la Ley de Amnistía” aprobada en 1993, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz tras 12 años de guerra civil, porque, a su juicio, sería “un mensaje muy positivo” para la población.

Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar, aseguró que en el país “no hay voluntad ni valentía” para enfrentar el caso y “siguen sin cumplirse” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las recomendaciones “básicamente eran cuatro: la investigación de los hechos, la detención de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y la derogatoria de la Ley de Amnistía o su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos; eso no se ha cumplido”, sostuvo Cuéllar.

El 16 de noviembre de 1989 un grupo de militares asesinó al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, a los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como al salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Por estos crímenes fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, nueve militares, pero sólo dos fueron condenados y en 1993 quedaron libres debido a la Ley de Amnistía.

La Audiencia Nacional española admitió a trámite en enero de 2009 una querella contra catorce militares salvadoreños acusados por este caso de los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

La querella, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco (California, Estados Unidos), se apoya en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.

El 16 de noviembre de 2009, con motivo del 20 aniversario de este asesinato, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, entregó en un homenaje póstumo a los jesuitas la máxima condecoración del país por su “aporte extraordinario al país”.

Funes consideró ese gesto como “un acto de recuperación de la memoria colectiva, un reconocimiento a la labor de aquellos que siempre estuvieron de lado de los derechos humanos, de la democracia, de la búsqueda incansable de la justicia, de los pobres”.

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“Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de doscientos millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo entero.” (Segunda declaración de la Habana)


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