Beatriz Castillo
Francisco Valencia
Redacción Diario Co Latino
El documento de la propuesta de la Ley Antipandillas y las reformas al Código Penal ya no serán presentados hoy a la Asamblea Legislativa, tal como se había previsto, pues, según los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad tendrán que ser sometidos a más consultas y esperar a que el Presidente Mauricio Funes los revise y dé su aval, antes de llevarlos al pleno.
El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, explicó que hoy en horas de la mañana sostendría una reunión con el mandatario para presentarle la propuesta, y si es necesario, mandarla así como la han hecho pública o hacer más consultas con los sectores para mejorar las iniciativas.
“Él decidirá si se le da iniciativa de ley o así como lo han planteado los sectores se puede seguir en el proceso de consulta”, explicó el titular después de que la iniciativa al nuevo cuerpo legal que busca frenar el accionar de las pandillas, fuera presentada esta mañana a los jueces y editores de medios de comunicación. La iniciativa es darle vida a la “ Ley de Proscripción de pandillas, maras o grupos de exterminio” que busca sancionar con cárcel a los que sean miembros de estos grupos ilícitos, que abarca el crimen organizado, en general.
El Viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, explicó que a la par de la propuesta de ley del gobierno se contemplan también modificaciones al Código Penal en el artículo 345.
Asimismo, garantizó que las reformas y la nueva, pero sencilla normativa, no violan ni los derechos humanos, ni mucho menos la Constitución de la República o los Tratados Internacionales.
La propuesta de ley tiene como objetivos facilitar las herramientas a los operadores de justicia, y por supuesto, promover el incremento del accionar del estado y de los municipios, entre otros
Campos insistió que la nueva ley “no es un proyecto que se parezca a la ley antimaras”, que declarara inconstitucional la Corte Suprema de Justicia, en tanto que individualiza y no generaliza, además es muy precisa en determinar con nombre y apellido el delito y la pena.
Código Penal en el artículo 345, trata en este momento de las agrupaciones ilícitas e indica que “el que tomare parte en una agrupación, asociación u organiza-ción ilícita, será sancionado con prisión de tres a cinco años”, entonces se quiere modificar el incremento de la pena y que no se juzgue solo por asociaciones si no por ser parte de una pandilla, mara o grupo de exterminio o cualquier otra expresión del crimen organizado.
En esta parte es donde nace mayor confusión para los jueces del país que han conocido de la propuesta, ya que se tiene dudas en la forma en que se probará que una persona pertenece a una pandilla, mara o grupos de exterminio, pues hoy en día muchos no se tatúan o son personas que no se sospechan de estar involucradas. El reto, por supuesto es para la Fiscalía General de la República.
“Digamos que la responsabilidad de llevar las pruebas es de la fiscalía, lo que hace esta ley es facilitar la probanza, porque tratándose de grupos organizados relacionados con las pandillas o grupos de exterminio, bastará que una persona participe en estas asociaciones para considerar que comete el delito”, sentenció el Vice Ministro.
Sin embargo, consideró que se tiene que hacer un esfuerzo probatorio para establecer la participación, como circunstancias del tiempo, lugar y condiciones de estas personas. Y esa tarea será de las instituciones encargadas advirtió el titular, porque si no se tienen que encontrar esa prueba.
La propuesta de la Ley de Proscripción de Pandillas, Maras o Grupos de Exterminio también busca establecer que estos grupos sean prohibidos en su existencia, legalización y financiamiento.
Que quiere decir esto, que aquellos negocios vinculados a estos grupos o dinero, serán confiscados y traslados a las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país.
La propuesta de Ley, que hasta hoy es un borrador, contiene nueve artículos según se conoció esta mañana en la presentación a los medios de comunicación y otros invitados como jueces.
Los titulares han tenido un proceso de presentación de las propuestas a jueces, fiscales, diputados, policías y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Según los datos que manejan las autoridades, más de 20 mil jóvenes están vinculados a las estructuras de la Mara Salvatrucha o Mara “18”. Además de los crímenes más sonados se les atribuye en la actualidad su vinculación con los delitos de extorsiones y casi el 80% de los homicidios.
El accionar punitivo contra las pandillas también contempla oportunidades para aquellos que quieran salirse de la mara o pandilla, para ello se están estudiando los mecanismo que determinen la deserción o simple salida de la misma.
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