Gabriela Castellón
Redacción Diario Co Latino
La bancada del FMLN presentó este miércoles un decreto que pretende eliminar el cargo básico de la telefonía fija. La iniciativa, que nació al interior del partido de izquierda, con los diputados miembros de la Comisión Financiera de la Asamblea, permitiría realizar modificaciones a algunas de las disposiciones de la ley y el reglamento de Telecomunicaciones.
Blanca Coto, diputada del partido de Gobierno y miembro de la comisión, dijo que la telefonía fija es un servicio público, por lo que “es obligación del Estado velar porque esto sea con el servicio de protección al consumidor”.
El cargo que actualmente pagan los salvadoreños se definió en 1996, durante el gobierno de Francisco Flores.
La iniciativa nació en el marco de la privatización de ANTEL, para poder “recuperar la inversión fija” de los empresarios.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) informó el lunes que las tarifas a la telefonía fija subirá a partir de este mes de 9.42 dólares a 14.32 dólares.
El también diputado efemelenista, Roberto Lorenzana, aclaró que la propuesta no es consecuencia de los cambios en la SIGET, que no pretende ahuyentar la inversión extranjera y, mucho menos, pedirle cuentas al Ejecutivo.
“Esta es una decisión soberana de la bancada.
El Presidente simplemente tendrá que sancionarlo, observarlo o vetarlo, de ser aprobado en el pleno”, dijo.
Arena aboga por Fuerza Armada
La bancada del partido de oposición, ARENA, presentó ayer a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia que busca la implementación de un “excluyente de responsabilidad”, en el caso de que algún miembro de las Fuerzas Armadas cometan una transgresión a los derechos humanos en defensa propia.
El término excluyente de responsabilidad significa que un ciudadano tendrá un trato especial, de haber cometido algún tipo de delito en defensa de la vida o en defensa de patrimonio. Lo que no significa que el caso pueda ser llevado a la Fiscalía General de la República, de ser necesario.
Roberto d’Aubuisson, diputado de ARENA y miembro de la directiva de la Asamblea, criticó la ausencia de políticas de seguridad pública del Gobierno.
El político de derecha recalcó que “la Fuerza Armada ha tenido que tomar las riendas. Pero se les está acusando de violar derechos civiles. Nosotros pedimos que se les de el excluyente”, agregó.
COMURES pide plazo para opinar sobre ley de Ordenamiento
Representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de el Salvador (COMURES) visitaron este miércoles la comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, para pedir una prórroga de dos meses y, así, exponer sus observaciones a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y Presidenta de la organización, dijo que era necesario reunir las observaciones de todos los alcaldes, para poder dar “oportunas observaciones a la ley”. Además, agregó que lo que más les importa es que se mantenga la autonomía de las municipalidades.
La ley, que fue frenada el pasado 4 de septiembre en el pleno legislativo por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, menciona que los alcaldes de los diferentes municipios deben estar bajo el mando de un ente departamental. Sin embargo, COMURES cree que esto podría imponer límites a los diferentes dirigentes municipales.
El Alcalde de Soyapango y vicepresidente de la organización, Carlos Reyes, agregó que es importante la pronta aprobación de dicha ley, “por la responsabilidad histórica para el futuro”. “Muchos de nosotros ni vamos a estar vivos en pocos años.
Debemos pensar en las nuevas generaciones”, dijo.
La Comisión reanudará la discusión la próxima semana; donde se estudiarán las propuestas de diferentes entidades interesadas, mientras espera los dos meses que ha solicitado la corporación formada por alcaldes
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