l Director de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio Mauricio González, informó que la Audiencia de Sentencia en el Caso Récord, programada para el 1º de octubre, fue adelantada al 23 de agosto.
El caso que lleva cinco años de proceso judicial, desde su denuncia en el año 2005, registra un nuevo traspié para los afectados, quienes esperaban que antes del 1o. de octubre, cuando se dicte sentencia, los propietarios de la empresa Baterías de El Salvador descontaminen la zona.
Tutela Legal del Arzobispado, la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que son la parte querellante en el proceso judicial, han expresado su descontento por esta acción que deja indefensas a cientos de familias.
La notificación emitida la semana anterior por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla a cargo que del caso ( referencia 462-3-2009), desestimó los acuerdos tomados en la Audiencia Especial realizada el 15 de marzo de este año.
El contenido de los acuerdos establecía el retiro de la escoria y ceniza por parte de Baterías de El Salvador (distribuidor de la marca Récord), mediante la contratación de una empresa mexicana con experiencia en el tratamiento de este tipo de desechos.
“En la audiencia especial se comprometieron iniciar el proceso de evacuación de los desechos tóxicos al interior de la fábrica, este compromiso fue petición de los representantes de la empresa Baterías de El Salvador, por lo que estuvimos de acuerdo con esa acción”, dijo.
Esto permitiría que la Audiencia de Sentencia a realizarse el 1º de octubre dejara un margen de supervisión judicial para la conclusión del proceso de descontaminación, pero al no presentar ningún plan concreto, el Tribunal de Sentencia decidió adelantar la audiencia al 23 de agosto.
“Los padres de familia de los niños contaminados exigen que se respete dicho acuerdo y que se retiren los materiales tóxicos porque está contemplado como medida de reparación al ambiente de la zona y la salud de los habitantes”, reiteró.
La empresa Baterías de El Salvador operaban en el Cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad, la que fue denunciada por habitantes de la zona ante los altos índices de plomo en la sangre en los niños y niñas del área.
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