Una joven de la Universidad Centroamericana (UCA) retoca, el 16 de Noviembre de 1999, una alfombra con los retratos del Arzobispo Arnulfo Romero (asesinado en 1980), de los seis sacerdotes jesuitas y de dos colaboradoras asesinados por el batallón elite Atlacatl. A 19 años de la masacre la Asociación de Derechos Humanos de España presenta una querella en España contra Alfredo Cristiani y 14 militares. AFP PHOTO/Yuri CORTEZ
Redacción Diario Co Latino/Europa Press
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra 14 miembros del Ejército de El Salvador y contra el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard, por su presunta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta, de dieciséis años.
La querella se basa en que cinco de estas víctimas eran españolas y en el principio de Justicia universal que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet, por orden del juez Baltasar Garzón, informaron los querellantes.
La APDHE, que cuenta en esta iniciativa con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco (EE.UU.), presentará mañana la querella en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, de lo que se denominó como «La masacre de los Jesuitas».
Según precisó a Europa Press la abogada internacional del CJA, Almudena Bernabeu, al ex presidente Cristiani se le acusa de «un delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad», mientras que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de «un crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad».
Bernabeu manifestó que «hay pruebas suficientes» para demostrar la responsabilidad de estas personas en los hechos, lo que según dijo, permite mantener unas «altas expectativas» de que la querella prosperará.
La demanda se interpone en el marco de la conmemoración XIX aniversario de los asesinatos de los jesuitas.
Acuerdos de extradición favorecen petición
Asimismo indicó que los acuerdos de extradición entre España y El Salvador «son muy interesantes en cuanto a la entrega de nacionales salvadoreños» y, en ese sentido, no descartó la posibilidad de que el ex presidente Cristiani pudiese ser extraditado a España para ser juzgado en la Audiencia Nacional.
«Va ser un caso que puede agitar mucho la sociedad salvadoreña y la sociedad civil, tenemos la esperanza de que, en el peor de los casos, pueda influir el deseo del pueblo salvadoreño de que estas personas sean juzgadas, hay mucha prueba», añadió.
Alfredo Cristiani fue presidente del país centroamericano entre 1989 y 1994 y los querellantes le acusan de encubrir estos crímenes que tuvieron lugar en noviembre de 1989 y precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Concretamente, los asesinatos fueron perpetrados por miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En 1993 la Asamblea Legislativa aprobó una amnistía general que, según denuncia APDHE, «ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país».
Redacción Diario Co Latino/Europa Press
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra 14 miembros del Ejército de El Salvador y contra el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard, por su presunta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta, de dieciséis años.
La querella se basa en que cinco de estas víctimas eran españolas y en el principio de Justicia universal que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet, por orden del juez Baltasar Garzón, informaron los querellantes.
La APDHE, que cuenta en esta iniciativa con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco (EE.UU.), presentará mañana la querella en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, de lo que se denominó como «La masacre de los Jesuitas».
Según precisó a Europa Press la abogada internacional del CJA, Almudena Bernabeu, al ex presidente Cristiani se le acusa de «un delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad», mientras que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de «un crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad».
Bernabeu manifestó que «hay pruebas suficientes» para demostrar la responsabilidad de estas personas en los hechos, lo que según dijo, permite mantener unas «altas expectativas» de que la querella prosperará.
La demanda se interpone en el marco de la conmemoración XIX aniversario de los asesinatos de los jesuitas.
Acuerdos de extradición favorecen petición
Asimismo indicó que los acuerdos de extradición entre España y El Salvador «son muy interesantes en cuanto a la entrega de nacionales salvadoreños» y, en ese sentido, no descartó la posibilidad de que el ex presidente Cristiani pudiese ser extraditado a España para ser juzgado en la Audiencia Nacional.
«Va ser un caso que puede agitar mucho la sociedad salvadoreña y la sociedad civil, tenemos la esperanza de que, en el peor de los casos, pueda influir el deseo del pueblo salvadoreño de que estas personas sean juzgadas, hay mucha prueba», añadió.
Alfredo Cristiani fue presidente del país centroamericano entre 1989 y 1994 y los querellantes le acusan de encubrir estos crímenes que tuvieron lugar en noviembre de 1989 y precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Concretamente, los asesinatos fueron perpetrados por miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En 1993 la Asamblea Legislativa aprobó una amnistía general que, según denuncia APDHE, «ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país».
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